El gran revuelo organizado por el Manifiesto en defensa de la lengua común demuestra que ha tocado un tema candente: la agresión sistematica contra el español (así se conoce en todo el mundo lo que la corrección política de la Transición obliga a llamar aquí castellano) por parte de grupos politicos que hacen del enfrentamiento y la separación el eje de su existencia.
Todo se resume en que, en varias zonas de España, no puedes estudiar en la lengua oficial del Estado, por la represión de los politicos de esas zonas. Cuando se intenta explicar este tema fuera de nuestras fronteras la hilaridad sigue al estupor. Nadie logra entenderlo y se termina por mover la cabeza y suspirar: ¡estos españoles!.
Los tonterizadores oficiales, a sueldo de esos separatismos más o menos declarados atacan pidiendo desde sus sillones oficiales que los “intelectuales demócratas se opongan al Manifiesto” o diciendo que “el castellano goza de buena salud” o que “se quiere evitar la segregación por lenguas”. Pero en todos los casos, solo les queda mentir y ocultar.
Sobra exhibir el abolengo democrático de un Savater, de un Gorriarán o de un Vargas Llosa porque para algunos politicastros solo son “democratas” aquellos que les dan la razón. Estúpida obviedad es que la salud de una lengua que hablan 500 millones de personas, que produce decenas de miles de libros al año y miles de horas audiovisuales no está enferma. O esconder que lo que se quiere es una uniformidad lingüistica para promover la ruptura del país, haciendo efectiva una “segregación por lenguas” con el resto de la nación.
Al igual que los nazis, muchos políticos separatistas pretenden imponer su visión a golpe de decreto, aunque ello vulnere los derechos y libertades de las personas y cercene el futuro de las nuevas generaciones. Aunque ello hipoteque el presente de esas regiones, como acaba de denunciar la Mesa del Turismo.
Porque ¿hay algo más importante que defender el coche oficial y la poltrona?
